Así lo señala la organización Crisis Group en su informe “Venezuela: una casa dividida”, divulgado hoy, en el que llama a los “moderados” y los “pragmáticos” de ambas partes a tomar el control de la situación para evitar una caída “al abismo”.
“Con un país políticamente divido en dos partes casi iguales, no hay futuro en Venezuela para una política basada en la permanente exclusión de una de las dos partes”, afirma el informe de esta Organización No Gubernamental fundada en 1995 con el fin de prevenir y resolver conflictos.
El informe revisa la situación en el país caribeño desde la muerte del presidente Hugo Chávez, el 5 de marzo pasado, hasta la actual “crisis de gobernabilidad” originada por unos resultados electorales muy ajustados y cuya validez ha sido puesta en duda.
Según dijo a Efe Javier Ciurlizza, director del programa para América Latina y el Caribe de Crisis Group, con sede en Bogotá, el objetivo de este informe es “sacudir los hombros y las conciencias” también de los vecinos de Venezuela, porque se trata de un “problema de seguridad regional”, no solo venezolano.
Después de las elecciones del 14 de abril, en las que oficialmente venció el chavista Nicolás Maduro por una diferencia de solo 1,5 puntos sobre el opositor Henrique Capriles, Venezuela está claramente dividida, con riesgo de que estalle la violencia y “al borde de una recesión” económica, dice Crisis Group.
La solución a todos esos problemas solo puede estar en “un diálogo nacional”, según el informe.
El país -agrega- necesita con urgencia reconstruir el tejido social y político, pero los “esfuerzos inmediatos deben dirigirse a evitar que la polarización extrema desemboque en violencia política”.
Crisis Group enumera los cinco pasos que a su juicio deben darse para evitar “lo peor” y los papeles que deben desempeñar no solo el Gobierno y la oposición, sino la sociedad civil, la Iglesia católica, las Fuerzas Armadas y la comunidad internacional.
En primer lugar el Gobierno y la oposición deben comprometerse públicamente a buscar medios pacíficos para resolver la crisis y dar instrucciones claras a sus respectivos seguidores de que no van a permitir la violencia.
En segundo lugar, el Gobierno debe reconocer la necesidad de construir consensos y tender puentes a la oposición, el sector privado y la sociedad civil, de manera que se llegue a un diálogo.
En este punto Crisis Group destaca que la Iglesia Católica, los socios regionales de Venezuela y la comunidad internacional en general deben apoyar el acercamiento Gobierno-oposición y estar listos para que el caso de que se les pida que medien.
“Para allanar el camino al diálogo se deben resolver las dudas que rodean las elecciones”, destaca Crisis Group.
La cámara electoral de la Corte Suprema debe atender “total y transparentemente” todas las quejas de violencia, intimidación e irregularidades y, si es necesario, ordenar el recuento de votos en los centros donde haya dudas razonables sobre el cómputo original.
Además, el Gobierno debe dejar claro que apoya tales medidas y, una vez que se aclaren las dudas, “todas las partes deben reconocer la validez de las elecciones”, agrega.
El cuarto punto indica que el Gobierno debe dar garantías para el ejercicio de los derechos de protesta y de libertad de expresión y abstenerse de amenazar y actuar judicialmente contra los medios independientes de prensa y de tomar represalias contra funcionarios que simpatizan con la oposición.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, deben actuar de acuerdo a la constitución, que prohíbe su participación en políticas partidistas.
Por último, la comunidad internacional, en particular los vecinos de Venezuela como Brasil y también organismos como la OEA y Unasur, debe alentar una solución no violenta a la crisis política y ofrecerse como facilitadores y mediadores.
El informe hace hincapié en la necesidad de un cambio de actitud de la comunidad internacional, que, según dice, “en su mayor parte miró para otro lado” cuando se produjo un deterioro de la democracia y los derechos humanos en Venezuela.
Ciurlizza indicó que una inestabilidad profunda en Venezuela repercutiría en otros países y especialmente en Colombia, donde podría aumentar la violencia, especialmente en zonas fronterizas, y afectar negativamente al proceso de paz con la guerrilla.
